Cocemfe

El presidente de COCEMFE, Mario García, ha señalado que "las personas con discapacidad necesitan que se acabe con las vulneraciones de sus derechos y que éstos sean restituidos lo antes posible, puesto que la Convención lleva en vigor en nuestro país más de año y medio".

COCEMFE valora el esfuerzo realizado por el Gobierno en la defensa de este tratado internacional, animando a todos los países a ratificarlo por su importancia en la defensa de este sector de la población. Tras su entrada en vigor, el 3 de mayo de 2008, todas las leyes que se aprueban en nuestro país deben llevar el sello de universalidad y las leyes que ya tenemos vigentes se deben adaptar a la misma para que definitivamente se reconozca al colectivo de personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho en todos los países del mundo.
Precisamente es en este aspecto donde Mario García quiere incidir recordando que "en marzo de este año el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley que instaba al Gobierno a impulsar una normativa transversal que adapte la legislación española a la Convención de la ONU".
Para ello, añade Mario García, "en estos momentos de grandes desafíos para el desarrollo y bienestar de cerca de cuatro millones de personas con discapacidad hay que introducir las reformas legales necesarias, pero también derogar las leyes que queden obsoletas, porque a estas alturas no se puede consentir que existan elementos discriminatorios en determinadas normas de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o incluso a la hora de actuar como testigos en determinados actos notariales y para participar como miembros del Jurado en un proceso judicial".
Además, la Ley de Autonomía Personal debe orientar el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) hacia la vida independiente y la perspectiva de vida en comunidad y también reforzar la autonomía personal con nuevas prestaciones con el rango de derechos como productos de apoyo y actuaciones de accesibilidad, tanto en el domicilio como en el entorno de las personas dependientes.
"Somos conscientes de que son muchas las modificaciones que se deben realizar en el ordenamiento jurídico para cumplir con los requerimientos de la Convención, pero es necesario agilizar los trabajos previos que se están llevando a cabo que incumben sobre todo al Ministerio de Sanidad y Política Social, pero también a los Ministerios de Justicia, Vivienda, Educación, Interior, Presidencia y Trabajo e Inmigración", asegura el presidente de COCEMFE.